Lidio Ribeiro – Revista de la Educación del Pueblo – Año II- N° 7 –
1969. Páginas 4 a 6
Desde hace cuatro años, el liceo de J. B. y Ordóñez, ha venido sufriendo un cambio radical. De centro de la élite que era, al que concurrían escasos cien alumnos, se convirtió en liceo popular con una asistencia superior a los trescientos. En 1965 se empieza a aplicar el Plan '63. Ello opera un cambio fundamental en la orientación pedagógica del instituto. Llevar el liceo al pueblo es la consigna. La educación debe extenderse a todas las capas sociales y no quedar reservada a un pequeño núcleo de privilegiados.
Los “bien dotados”
Las primeras resistencias se hacen notar dentro del mismo profesorado; pues, en opinión de un grupo minoritario, el acceso de masas a las aulas entorpecería la buena marcha de los cursos. La culpa de todo la tenía el acceso del pueblo a las aulas. Y más de uno suspiraba por los buenos tiempos en que “al liceo sólo concurrían los bien dotados”.
En tanto, la acción liceal penetraba cada vez más en el medio. Prácticamente ninguna actividad social de cierto arraigo quedaba fuera de su esfera de influencia. El liceo era el centro de la vida ciudadana. Lugar obligado de consulta para todo el vecindario.
A ello se sumó un nuevo factor: la actividad gremial de nuestro cuerpo docente. El gremio comenzó a actuar en forma intensa y sistemática. Se afilió a la Federación Nacional de Profesores y participó activamente en su gestión.
La minoría de profesores, que había quedado por fuera de la nueva actividad liceal, comenzó a agitar un viejo cuco, un viejo fantasma: “El fantasma del comunismo”. La táctica goebbelsiana de repetir y repetir hasta desconcertar, sembrar la duda y finalmente convencer, fue su arma favorita. El “comunismo” es una cosa que mete mucho miedo en estos ambientes pueblerinos. Máxime cuando se lo agita dentro de los institutos docentes y más aún cuando la denuncia es hecha por integrantes de esos mismos institutos. El clima se fue preparando, se arrimó material inflamable a la futura hoguera, y el 15 de agosto del 68 se encendió la llama.
Echar a los comunistas
Con motivo del asesinato del estudiante Líber Arce[1], la Asociación de Profesores del Liceo decidió hacerle un homenaje en la plaza pública, consistente en un minuto de silencio. En momentos en que un profesor explicaba el sentido del acto, la policía les pide que se dispersen. Así lo hacen, no sin antes arrojar algunos panfletos alusivos. A los pocos minutos de haberse producido el hecho, seis profesores son citados en sus respectivos domicilios por agentes policiales. Al presentarse a la comisaría se les comunica que quedarán detenidos por haber violado disposiciones contenidas en el decreto que implantó las Medidas Prontas de Seguridad. De ese modo son detenidos, por un término de 24 horas, cuatro profesores y dos profesoras. La noticia cunde rápidamente y, en las últimas horas de la tarde, comienza el desfile de vecinos por la comisaría a interesarse por la suerte de los detenidos.
El pequeño grupo de docentes anti – liceo aprovecha la oportunidad y convoca al pueblo a una asamblea donde alumnos, previamente aleccionados, repiten la lección aprendida: en el liceo se hace proselitismo; los profesores, dicen y hacen tales y cuales cosas. En fin, lo de siempre, la vieja cantinela macartista.
Se enardece al público presente y, por moción de un profesor, se resuelve declarar huelga estudiantil hasta tanto no echen a los veinte profesores “comunistas” del liceo. Esa fue la lista original de indeseables, luego se elevó a treinta y tantos.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, piquetes de alumnos (y no alumnos) alentados y contraloreados por el mismo profesor mocionante, quien recorría en motocicleta las inmediaciones del liceo durante todas las horas del día, se encargaban de impedir el acceso de los estudiantes a las aulas. Sólo concurrían a clase aquellos cuyos padres, a riesgo de tener que afrontar un incidente, los acompañaban hasta la puerta del local.
Simultáneamente estalla una bien orquestada campaña de insultos y calumnias a través de la radio y de la prensa local y nacional. Se procura enardecer a toda la población de la zona.
Ostentación de armas
A los siete días de iniciado el conflicto llega un inspector de Enseñanza Secundaria en carácter de investigador. Desde un primer momento es sometido a todo tipo de presiones. Le exigen la expulsión de cuatro profesores. El inspector accede y otorga “licencias especiales” a los mismos. Al día siguiente le exigen la de otro. El inspector vuelve a acceder y apela al mismo procedimiento. Al tercer día, cebados ya por sus victorias, le exigen la de cinco profesores más. El inspector reacciona y, en lugar de acceder lisa y llanamente a las exigencias, adopta una actitud conciliatoria, concediendo “licencias especiales” solamente a dos de los cuestionados. Conviene aclarar que el susodicho jerarca en ningún momento habló con los acusados.
Ante tales hechos el pueblo reacciona. Un grupo de cincuenta y cuatro vecinos entrevista al Sr. Interventor a los efectos de hacerle notar que no era el pueblo quien reclamaba la expulsión de los “comunistas”, sino un pequeño grupo que se había autoerigido en su representante.
El 10 de setiembre comienzan las actuaciones sumariales a cargo del abogado asesor del Consejo y todo un pueblo se ofrece para declarar en defensa de los acusados, denunciando la maniobra largamente urdida por el grupo judas. Esto hace a los revoltosos perder de un todo los estribos, quienes procuran amedrentar por todos los medios a los declarantes, valiéndose incluso de la agresión de hecho. Fracasados en su intento (ya el pueblo le había visto las patas a la sota y no se dejaba intimidar), resuelven recusar al juez sumariante.
Como el Consejo lo confirmara y le prestara su respaldo, deciden tomar una medida más radical. Una veintena de personas, haciendo ostentación de armas, invade intempestivamente su despacho con el firme propósito de orientar y dirigir los procedimientos, exigiéndole que no tomara declaraciones a testigos que ellos sindicaban como “comunistas”, puesto que individuos de tal ideología “estaban inhabilitados para declarar en este tipo de sumario”.
SENADOR PINTOS
No puede permitirse que los profesores fidelistas[2] o comunistas – o como quiera llamárseles – utilicen la cátedra para lavar el cerebro de nuestros muchachos; ella debe ser aplicada para enseñar y no para hacer proselitismo, en una casa de estudios que es pública.
Ejercicio.
Según lo trabajado y escuchado sobre la llamada Guerra Fría, cómo explicaría esta situación vivida en un pueblo de Uruguay en 1969.
[1] Liber Arce fue asesinado durante una represión policial a una manifestación estudiantil. Herido de bala por un policía el 13 de agosto de 1968, fallece el 14 luego de varias horas de operación en el Hospital de Clínicas. Fue el primer estudiante asesinado en el Uruguay.
[2] Pertenecientes al Frente Izquierda de Liberación (FIDEL), coalición de izquierda que integraba el Partido Comunista de Uruguay.
