miércoles, 16 de noviembre de 2016

La Revolución Artiguista. Contenidos fundamentales.

La Revolución Artiguista




Un proceso regional

“Nuestra” revolución es parte del proceso iniciado en Buenos Aires, en mayo de 1810, si bien en la Banda Oriental se inicia con el “Grito de Asencio” en febrero de 1811. Nuestro “retraso” se explica por el fracaso de sumar a la ciudad de Montevideo, (la más importante base naval en el sur atlántico de las colonias españolas), por parte de quienes querían adherir a la Junta bonaerense. A partir de allí el centro de gravedad de una posible insurrección debe pasar a la campaña, porque también es allí donde la base social, política y militar española es escasa y las tensiones contra la Corona mayores.
En palabras de la historiadora Ana Frega, el inicio de la revolución que reconoce el artiguismo es mayo de 1810, “celebrándose como fiesta cívica en la Provincia Oriental aún en lo peores momentos de lucha contra los portugueses, como por ejemplo en mayo de 1819 en Maldonado.
Por eso  una de las preocupaciones de la Junta de Buenos Aires, era lograr la adhesión del resto del virreinato mediante distintos mecanismos, en el caso de la Banda Oriental una vez fracasada la adhesión de Montevideo la forma es el fomento del levantamiento de la campaña, donde una parte importe dependía jurídicamente de Buenos Aires. El “Grito de Asencio” (actual departamento de Soriano) en febrero de 1811, se da en jurisdicción de esa ciudad. Es la Revolución del Río de la Plata la que genera distintas corrientes dentro de ella, una de las cuales es la que encabeza José Artigas, de construcción de un Estado de características diferentes a las que propone Buenos Aires”.
La Revolución comienza contra la oligarquía española poseedora de los principales medios de producción y distribución (saladeros, barracas exportadoras, estancias ganaderas, comercio monopólico, tráfico de esclavos, etc.), encumbrada en los organismos de gobierno colonial y detentadora del status social privilegiado.
Contra esa oligarquía es que se levantan la mayoría de los medianos y pequeños hacendados, junto a algunos grandes estancieros, comerciantes de los pueblos, agricultores, paisanos sin tierras, curas pueblerinos, gauchos, esclavos fugitivos y ciertas poblaciones indígenas. Van a estar encabezados desde el punto de vista  político – militar por oficiales del cuerpo de Blandengues y caudillos locales. Es al frente de este gran arco social, al que se suman los grupos juntistas derrotados en Montevideo, que se pone José Artigas, primero como representante de la Junta de Buenos Aires y luego como “Jefe de los Orientales”.
Pero también están presentes, aunque subordinadas, las contradicciones de este heterogéneo conjunto social. Por ejemplo, dentro de la clase de hacendados chocaban el gran propietario con los numerosos ocupantes de sus campos, el grande o mediano poseedor con el resto de los ocupantes, que con o sin títulos, en mayor o menor cantidad, detentaban los campos.

El Federalismo y la soberanía particular de los pueblos

En el Congreso de Tres Cruces, convocado en abril de 1813 para elegir los diputados para la Asamblea Constituyente reunida en Buenos Aires (que iba a redactar una Constitución para establecer cómo iba a ser el nuevo gobierno), los orientales fijaron las bases del proyecto alternativo. Se declaraba la independencia de España y de la familia de los Borbones; se proclamaba la forma republicana de gobierno; y se establecía que las provincias debían ligarse por alianzas ofensivo-defensivas, preservando cada una de ellas “todo poder, jurisdicción y derecho” que no hubieran delegado expresamente a las Provincias Unidas (territorio del antiguo virreinato del Río de la Plata). De allí que pudieran tener su propia constitución y gobierno, levantar su propio ejército, legislar sobre aspectos económicos y comerciar libremente, rompiendo el monopolio portuario de Buenos Aires. El objetivo de la revolución era la soberanía particular de los pueblos. Luchaban para destruir la tiranía en América, y no permitirían que el dominio español fuera sustituido por ningún otro, aludiendo al gobierno de Buenos Aires. Se expresaban así las discrepancias que habían comenzado en octubre de 1811 cuando Buenos Aires firmara un armisticio con Montevideo, que devolvió la Banda Oriental al dominio español y obligó a muchos orientales a abandonar el territorio.
El artiguismo reconocía el derecho de los pueblos a constituirse en provincias y proclamaba que la unión, para ser firme y duradera, debía edificarse a partir del reconocimiento de las soberanías particulares. Estos planteos encontraron eco en otras provincias, y el artiguismo extendió su influencia a la margen occidental del Uruguay: Entre Ríos y Corrientes en 1814 y Santa Fe, Córdoba y Misiones en 1815.

Reforma Agraria

El proyecto artiguista fue profundizándose en la interacción del caudillo con las masas. José Pedro Barrán sostuvo que éste fue el “conductor y el conducido…no el pastor de un rebaño, pues el protagonismo en ocasiones esenciales, en giros decisivos de la revolución, fue asumido directamente por la sociedad oriental, y desde 1815, por su sector mayoritario, las `clases bajas”.
El “Reglamento Provisorio para Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados” es un ejemplo de esa relación con quienes lo sostendrán hasta el final, “las clases bajas”. No era una declaración doctrinaria de buenas intenciones, sino un plan de acción que consolidara la base social de la revolución, levantara la producción pecuaria para enfrentar los destrozos de cuatro años de guerra mediante el fomento del rodeo y no la simple matanza del ganado para obtener el cuero, persiguiera policialmente el abigeato y la arriada de ganado a Brasil, asentara a miles de paisanos dando satisfacción a la demanda de tierras, y atendiera la justicia social, para que “los más infelices fueran los más privilegiados”.
Se establecen condiciones claras para cumplir una vez que le fuera concedida la suerte de estancia de legua y media de frente y dos de fondo al donatario, para que en un plazo de dos meses construyera rancho y dos corrales, extensible por un mes más, bajo apercibimiento de perder la donación en caso contrario. Y se prohíbe enajenar, vender la suerte de estancia o contraer deudas sobre ella, como forma de evitar que se repita el proceso de concentración latifundista, hasta que la Provincia pueda darse un ordenamiento final.
Como era un instrumento revolucionario concreto el Reglamento establece que la tierra a repartir será la de los malos europeos y peores americanos, es decir los enemigos de la Revolución, dado que debe velar por mantener en el bando patriota a los grandes hacendados que lo integraban. A la vez que entrega la aplicación del reparto al Cabildo de Montevideo (en la figura del Alcalde Provincial y de tres sub-tenientes designados por él), donde predominan los intereses de aquellos, sumado a las medidas de contención policial contra los vagabundos, malhechores y desertores.
Los grandes hacendados, saladeristas y comerciantes intentarán retrasar y desfigurar la aplicación y sentido del Reglamento. Esto genera que en las zonas donde la confrontación por la tierra es más aguda se produzcan repartos de hecho por varios oficiales artiguistas esperando la confirmación formal, confrontando con los grandes hacendados y sus representantes políticos.

Encarnación Benítez
El Cabildo Gobernador de Montevideo se convierte en la punta de lanza contra el reparto de tierras. Por ejemplo, solicitando a Artigas que intervenga para detener a Encarnación Benítez, jefe artiguista iletrado y “pardo”, al que se lo acusa de que, al mando de 5 partidas (compuestas por supuestos vagos o desertores), “atraviesa los campos, destroza las haciendas, desola las poblaciones, aterra al vecino, y distribuye ganados a su arbitrio”.
Encarnación, en oficio a Artigas, acusa a los “Bellacones” de insultar impunemente a quienes pusieron “el pecho a las balas” mientras éstos estaban entregados a sus intereses personales, a la vez que advierte que el clamor general es “nosotros hemos defendido la Patria y las haciendas de la campaña, hemos perdido cuanto teníamos, hemos expuesto nuestras vidas por la estabilidad y permanencia de las cosas,… (Pero)…son ellos los que ganan y nosotros los que perdemos. Lo cual puede dar “margen a otra revolución peor que la primera”.
Artigas, ante esta situación, contesta al Cabildo respaldando a Encarnación,  restándole crédito a las “denuncias” del mismo, porque el segundo no tiene más que “12 hombres, como podrá formar esas cinco Partidas q. e inundando los campos hagan en ellos estragos indecibles. (…) Acaso hablando en la presencia  de Vuestra Señoría, como en la mía, no lo hallaría tan digno de Vituperio”. A la vez, a dos meses de dictado el Reglamento Provisorio, le recrimina al Cabildo que si el tema de Benítez es el motivo de los retrasos en su aplicación se lo “reduzca” a las funciones militares y salga de una vez el Señor Alcalde Provincial a “llenar su comisión”, de forma de lograr que  “sin tanto estrépito (se recojan) frutos saludables”.
Conciente de que la aplicación del Reglamento era la única forma de parar con la explotación anárquica del recurso económico más importante de la Provincia Oriental, el vacuno, ya que “cada Paysano y los mismos Vecino no hacen mas que destrosar: que poco zelosos del bien publico no tratan Sino de su Subsistencia personal, y aprovechandose del poco zelo dela campaña destrosan á Su Satisfacción”, conmina al Cabildo a que “ponga en planta el proyecto (el Reglamento), y dando al S.or Alcalde Provincial la Partida de 16 ó 18 hombres que me pide con fecha quatro del Corriente Salga inmediatamente á Correr Su jurisdicción”.

Artigas es peligroso

Artigas ha pasado a ser peligroso para los poderosos del bando patriota. Para ellos la Revolución había concluido, y las masas debían asumir su papel subordinado, en el marco de las estructuras del latifundio, el saladero, y la exportación de cueros y tasajo como base material de su dominio, así como la exclusión en la política y en la dirección del territorio.
Buena parte del paisanaje, de los pequeños y medianos hacendados, de los ocupantes de tierras habían demostrado su intención de hacer realidad los ideales igualitarios que la Revolución había despertado o promovido, tanto políticos como económicos. Y el caudillo se puso al frente de ellos.
Una vez comenzada la invasión portuguesa  las clases acomodadas vieron al Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves como la única opción de orden social y respeto a la propiedad. Mientras que para el Directorio de Buenos Aires era imperativo terminar con la influencia federal artiguista, cuestionadora de su política de subordinación a los intereses de la oligarquía residente en dicha ciudad.
Al momento de conocerse la proximidad del ejército comandado por Carlos Federico Lecor, en 1817, el Cabildo de Montevideo resuelve solicitar “la protección de las armas de Su Majestad Fidelísima”, y envía a una delegación para ofrecer la entrega de la ciudad. La que estaba integrada por Francisco Javier de Viana, Agustín Viana (ambos latifundistas) y Dámaso Antonio Larrañaga.
El 20 de enero Lecor entraba en Montevideo. Jerónimo Pío Bianqui, miembro del Cabildo, le expresaba: “El Exmo. Cabildo de esta ciudad, por medio de su Síndico Procurador General, hace entrega de las llaves de esta plaza a S.M. Fidelísima – que Dios la guarde -  depositándola con satisfacción y placer en manos de V.E.”.
El general portugués mandó izar la bandera del Reino en todos los edificios públicos, en “medio de salvas y repiques de campanas, mientras a su paso rivalizaban las señoras de las familias de ‘gente principal’ en el aplauso y el arrojar de ramilletes de flores…”.
Luego vino un largo rosario de defecciones de varios jefes artiguistas. Rivera, a pesar de que muchas veces es el más conocido de estas deserciones, es el último gran jefe militar que acepta pasarse al bando portugués en 1820, aunque es el golpe de gracia a los intereses artiguistas, que siendo fuertes en el litoral del río Uruguay habían ido allí a buscar rearmar las fuerzas
Manuel Oribe, al separarse de Artigas en 1817, sostuvo que no quería “servir a las órdenes de un tirano que, vencedor, reduciría el país a la más feroz barbarie y, vencido, lo abandonaría al extranjero”. Juan Antonio Lavalleja escribió a Carlos María de Alvear el 18 de julio de 1826: “El General que suscribe no puede menos que tomar en agravio personal un parangón (con Artigas) que le degrada…”. Y Rivera, dirá a Francisco Ramírez en junio de 1820: “…para que el restablecimiento del comercio tan deseado, no sea turbado en lo sucesivo, es necesario disolver las fuerzas del general Artigas, principio de donde emanarán los bienes generales y particulares de todas las provincias, al mismo tiempo que será salvada la humanidad de su más sanguinario perseguidor. Los monumentos de su ferocidad existen en todo este territorio…”.
Los paisanos pobres, los donatarios artiguistas, los indios, seguían viendo a Artigas como el único factor de “igualdad”, de acceso a la tierra, de dignidad en una sociedad tan jerarquizada. No lo demostraron con proclamas, sino apegándose a la resistencia de la montonera contra un ejército de línea, con una oficialidad formada en las guerras europeas y una cruda superioridad de armamentos.

Es en ellos que el caudillo va a encontrar “más resignación, más constancia y consecuencia” en la defensa de la revolución.

jueves, 20 de octubre de 2016

Constitución de la República Oriental del Uruguay. Derechos, Deberes y Garantías.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

CONSTITUCIÓN 1967 CON LAS MODIFICACIONES PLEBISCITADAS EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1989, 
EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1994, EL 8 DE DICIEMBRE DE 1996 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2004



SECCION II

DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS

CAPITULO I

Artículo 7º.- Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general.
Artículo 8º.- Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.
Artículo 9º.- Se prohíbe la fundación de mayorazgos. Ninguna autoridad de la República podrá conceder título alguno de nobleza, ni honores o distinciones hereditarias.
Artículo 10.- Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados.
Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.
Artículo 11.- El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley.
Artículo 12.- Nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal.
Artículo 13.- La ley ordinaria podrá establecer el juicio por jurados en las causas criminales.
Artículo 14.- No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes por razones de carácter político.
Artículo 15.- Nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de Juez competente.
Artículo 16.- En cualquiera de los casos del artículo anterior, el Juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de veinticuatro horas, y dentro de cuarenta y ocho, lo más, empezará el sumario. La declaración del acusado deberá ser tomada en presencia de su defensor. Este tendrá también el derecho de asistir a todas las diligencias sumariales.
Artículo 17.- En caso de prisión indebida el interesado o cualquier persona podrá interponer ante el Juez competente el recurso de "habeas corpus", a fin de que la autoridad aprehensora explique y justifique de inmediato el motivo legal de la aprehensión, estándose a lo que decida el Juez indicado.
Artículo 18.- Las leyes fijarán el orden y las formalidades de los juicios.
Artículo 19.- Quedan prohibidos los juicios por comisión.
Artículo 20.- Quedan abolidos los juramentos de los acusados en sus declaraciones o confesiones, sobre hecho propio; y prohibido el que sean tratados en ellas como reos.
Artículo 21.- Queda igualmente vedado el juicio criminal en rebeldía. La ley proveerá lo conveniente a este respecto.
Artículo 22.- Todo juicio criminal empezará por acusación de parte o del acusador público, quedando abolidas las pesquisas secretas.
Artículo 23.- Todos los Jueces son responsables ante la ley, de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas, así como por separarse del orden de proceder que en ella se establezca.
Artículo 24.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección.
Artículo 25.- Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación.
Artículo 26.- A nadie se le aplicará la pena de muerte.
En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito.
Artículo 27.- En cualquier estado de una causa criminal de que no haya de resultar pena de penitenciaría, los Jueces podrán poner al acusado en libertad, dando fianza según la ley.
Artículo 28.- Los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie, son inviolables, y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general.
Artículo 29.- Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren.
Artículo 30.- Todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República.
Artículo 31.- La seguridad individual no podrá suspenderse sino con la anuencia de la Asamblea General, o estando ésta disuelta o en receso, de la Comisión Permanente, y en el caso extraordinario de traición o conspiración contra la patria; y entonces sólo para la aprehensión de los delincuentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 17 del artículo 168.
Artículo 32.- La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación; incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda.
Artículo 33.- El trabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor o del artista, serán reconocidos y protegidos por la ley.
Artículo 34.- Toda la riqueza artística o histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye el tesoro cultural de la Nación; estará bajo la salvaguardia del Estado y la ley establecerá lo que estime oportuno para su defensa.
Artículo 35.- Nadie será obligado a prestar auxilios, sean de la clase que fueren, para los ejércitos, ni a franquear su casa para alojamiento de militares, sino de orden del magistrado civil según la ley, y recibirá de la República la indemnización del perjuicio que en tales casos se le infiera.
Artículo 36.- Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes.
Artículo 37.- Es libre la entrada de toda persona en el territorio de la República, su permanencia en él y su salida con sus bienes, observando las leyes y salvo perjuicios de terceros.
La inmigración deberá ser reglamentada por la ley, pero en ningún caso el inmigrante adolecerá de defectos físicos, mentales o morales que puedan perjudicar a la sociedad.
Artículo 38.- Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos.
Artículo 39.- Todas las personas tienen el derecho de asociarse, cualquiera sea el objeto que persigan, siempre que no constituyan una asociación ilícita declarada por la ley.

domingo, 25 de septiembre de 2016

Chile. El gobierno de la Unidad Popular y el "socialismo por la vía democrática".



Caricatura del semanario Marcha de Uruguay ante el triunfo de la Unidad Popular

 

La década de los setenta se iniciaba en Latinoamérica con un hecho inédito, el triunfo en las urnas de una coalición de partidos de izquierda y centroizquierda, la Unidad Popular en Chile. Como su programa político lo decía se proponían ser una vía concreta de avance revolucionario “por la vía democrática”. Lo que si bien no implicaba la toma del poder en lo inmediato sí permitía acceder al gobierno, e intentar desde allí comenzar la transformación social del país.

Así, se avanzó en la creación del "área social", (que implicaba la estatización de las empresas monopólicas industriales y comerciales, de la minería del cobre que era el principal producto de exportación, la Reforma Agraria, del sistema financiero, del comercio exterior), se propugnaba una reforma constitucional que estableciera una "Asamblea del Pueblo", la planificación social y económica con la participación de las organizaciones populares, la descentralización efectiva, etc. 

Otra área sería mixta: El Estado asociado a particulares. Y una tercera de propiedad privada, “que en número serán la mayoría”.

 Los objetivos más importantes eran:

1.      Liberar a Chile de la subordinación al capital extranjero.

2.      Asegurar un rápido crecimiento económico sobre la planificación y orientación del Área de Propiedad Social.

3.      Resolver los problemas inmediatos de las grandes mayorías (ocupación, vivienda, remuneración adecuada).

 Finalmente se establecieron relaciones internacionales con todos los países, abandonando la adhesión incondicional a EE.UU. Chile debía restablecer sus vínculos con Cuba, China y con la mayor parte de los países del área socialista que hasta ese momento no existían.

 

Confrontación 


 

El programa de la U.P. no implicaba apartarse de la legalidad vigente. Así, varias medidas utilizaban normas legales ya existentes, como la utilización de la CORFO (Corporación de Fomento) para aumentar el papel del Estado, o la ley de Reforma Agraria votada durante el gobierno de Eduardo Frei (1964-1970), o fueron aprobadas por el Congreso por unanimidad, como la nacionalización del Cobre. Sin embargo, los sectores económicos poderosos, la derecha tradicional e incluso nuevas organizaciones de ultraderecha temieron por sus intereses, y se opusieron en forma creciente desde antes de que Salvador Allende asumiera la presidencia el 3 de noviembe de 1970 hasta llegar a promover el golpe de Estado del 11 de setiembre de 1973, con el apoyo del gobierno de EE.UU.


Al otro día del triunfo electoral de la izquierda esos sectores se embarcaron en la desestabilización del país, comenzando con el retiro de capitales fuera de Chile y la exportación clandestina de ganado en pie a la Argentina. Luego vendrá el intento de impedir la votación del Congreso a favor de Allende[1] secuestrando y asesinando al Comandante en Jefe del Ejército general Rene Schneider (que se oponía a violar la Constitución), que termina en asesinato, con el aval del sector adepto a Frei en la Democracia Cristiana. 

 
Se continuó con sabotajes, atentados a dirigentes de izquierda y sindicales, agresiones y provocaciones de diverso calibre, acaparamiento de artículos de consumo masivo generando desabastecimiento. Se utilizó a los grandes medios de comunicación, (encabezados por el diario El Mercurio), para campañas difamadoras y desestabilizadoras, se recurrió a huelgas de transportistas y comerciantes que intentaron paralizar al país por meses. Además se usaban todos los mecanismos constitucionales para desestabilizar, sea mediante la mayoría en el Congreso formada por la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, o la utilización de la Corte Suprema y la Contraloría de la república, especie de "cuarto poder" que aprobaba o no los decretos del Ejecutivo. En el caso del Congreso, por ejemplo, se votaba el presupuesto presentado por el gobierno pero recortándole los recursos para aplicarlo.

A esta breve descripción hay que sumarle la actividad encubierta de las agencias estadounidenses, que se profundiza en estos años pero que ya existía, sobre todo a partir del gobierno de Frei. La "acción encubierta de los Estados Unidos en Chile en la década entre 1963 y 1973 fue extensa y continuada. La Agencia Central de Inteligencia gastó tres millones de dólares como esfuerzo para influir en el resultado de las elecciones presidenciales chilenas de 1964. Ocho millones fueron gastados, secretamente, en los tres años entre 1970 y el golpe militar en Septiembre de 1973, con más de tres millones de dólares gastados sólo en el año fiscal 1972", como sostenía el Informe de la "Comisión para estudiar las operaciones gubernamentales concernientes a actividades de inteligencia", del Senado de los Estados Unidos fechado el 18 de diciembre de 1975. Entre otras cosas este dinero fue usado para solventar la larga huelga de los camioneros y transportistas en general en 1972 y 1973. 


La U.P. y la Central Única de Trabajadores (CUT), al mismo tiempo que reafirman su apego al orden legal y constitucional,  responden con la movilización popular en grandes actos callejeros en apoyo a Allende, se  establecen las Juntas de Vecinos para combatir el acaparamiento de productos y se crean llamados "cordones industriales" de parte de las organizaciones sindicales para aumentar el poder de sus demostraciones.

En marzo de 1973 aparece la posibilidad de un cambio dentro del orden "constitucional". Son las elecciones parlamentarias de mitad de período, y la derecha apuesta a una baja votación de la U.P., (pasando del 36% de 1970 a un 33%) que permitiera alcanzar la mayoría parlamentaria necesaria para destituir a Allende. Para ello recrudece la campaña que venían llevando a cabo, refuerza el acaparamiento, especula con los bienes producidos por sus empresas, declara cierres patronales de empresas, utiliza al Congreso y la Contraloría para atar las manos del gobierno, arrecia la campaña de los medios, mientras desde el exterior EE.UU. acentúa las presiones mediante el corte de créditos económicos, embargos de exportaciones chilenas, venta de reservas estratégicas de cobre para bajar su precio en el mercado internacional.

Desde la perspectiva del gobierno había hechos concretos que mostrar, los salarios reales habían aumentado entre octubre de 1970 y el mismo mes de 1972 entre 329 y 500%, las pensiones mínimas 500%, mientras el índice de precios al consumo solo había subido un 283%. La mortalidad infantil se redujo de 88 por mil a 71 por mil nacidos vivos, el abastecimiento de leche a la población aumentó un 50%, la desocupación bajó de un 8.3% a un 3.9%.

También se había cumplido con el programa electoral, las nacionalizaciones y pasaje al Estado de las grandes empresas, junto a la participación de las organizaciones sindicales y sociales en la gestión económica y estatal era la realidad tan temida por parte de los sectores de poder.

El resultado fue un duro revés para las expectativas de destitución de Allende, la izquierda obtuvo un porcentaje mayor de votos que en 1970 (pasó de 36% a 43%) y se esfumaba la posibilidad de la destitución. A partir de este resultado los hechos se precipitaron, y pocos meses después las Fuerzas Armadas[2], encabezadas por el General Augusto Pinochet, daban el golpe de Estado para sacar al "marxismo en el gobierno", y comenzaban casi 17 años de dictadura, con una larga secuela de muertos, desaparecidos, encarcelados y perseguidos políticos, sindicales y de organizaciones sociales.

El Presidente Salvador Allende junto a un puñado de colaboradores resiste en el palacio presidencial, llamado “de la Moneda, y proclama que no va a renunciar dado que el fue electo por la voluntad popular. La sede del gobierno es atacada por el ejército y bombardeada por la aviación. En el asalto final muere Allende, quien se suicida.

Papel de EE.UU.

Richard Nixon. Presidente de EEUU entre 1969 y 1974

 

Tomado de la traducción del artículo ‘Extreme Option: Overthrow Allende’, publicado originalmente en la página del Archivo de Seguridad Nacional (NSA) de The George Washington University, Estados Unidos.

El 15 de septiembre de 1970, durante una reunión de veinte minutos en la Oficina Oval (en la Casa Blanca, EEUU) entre las 3:25 pm y las 3:45 pm, el presidente Richard Nixon ordenó a la CIA fomentar un golpe de Estado en Chile. Según notas escritas a mano por el director de la CIA, Richard Helms, Nixon entregó instrucciones explícitas para prevenir que el recién elegido presidente de Chile, Salvador Allende, asumiera su mandato en noviembre. O para crear condiciones para derrocarlo si lo hacía. “Una oportunidad en 10, tal vez, pero salvar a Chile”, “No le preocupan los riesgos que involucre”, anotó Helms en sus notas mientras el presidente exigía un cambio de régimen en la nación sudamericana que se había convertido en la primera en el mundo en elegir libremente a un candidato socialista. “Trabajo de tiempo completo: los mejores hombres que tenemos”. “Hacer que la economía grite”.

Cincuenta años después de escrito, el críptico memo de la conversación de Helms y Nixon sigue siendo el único registro conocido de un presidente de Estados Unidos ordenando el derrocamiento encubierto de un líder extranjero elegido democráticamente. Desde que el documento fue desclasificado por primera vez en 1975 -como parte de una importante investigación del Senado estadounidense sobre las operaciones encubiertas de la CIA en Chile y otros lugares-, las notas de Helms se han convertido en la representación icónica de la intervención de EEUU en Chile, y en un símbolo perdurable de la arrogancia hegemónica de Washington hacia naciones más pequeñas.

DICTADURA CHILENA. Represión y neoliberalismo


 

Chile, un informe de Amnistía Internacional. Amnesty International Publications, Inglaterra  1974.

Un año después del golpe, un informe de Amnesty Internacional expresaba: "en un ambiente de extrema xenofobia, muchos miles de refugiados y visitantes extranjeros fueron encarcelados o deportados; miles de civiles chilenos perdieron la vida, muertos durante la breve batalla, o ejecutados sin enjuiciamiento o luego de consejos de guerra relámpagos llevados a cabo a las pocas horas de su arresto.

Todos los periódicos, revistas, radiodifusoras y otros medios de comunicación allendistas fueron clausurados; sus directores muertos, encarcelados u obligados a buscar asilo. todos los partidos políticos que habían formado la coalición gubernamental de la Unidad Popular fueron proscriptos: los líderes militantes de estos partidos sometidos a acérrima persecución. la Central única de Trabajadores fue inmediatamente declarada ilegal, y los derechos de huelga y de libre asociación derogados. Las fuerzas militares tomaron control de las universidades y los hospitales, y los profesores y estudiantes partidarios de Allende fueron expulsados de los centros de enseñanza y un gran número de ellos detenidos.

Las torturas han sido una práctica usual durante la interrogación de prisioneros políticos; las confesiones obtenidas a través de estos medios han sido aceptadas como evidencia por los tribunales militares.

No relataremos el drama de miles de trabajadores (aproximadamente 200.000) quienes han perdido sus empleos por razones políticas".

Ajuste económico neoliberal

La dictadura encabezada por el General Augusto Pinochet fue instaurada bajo el pretexto de eliminar al comunismo de Chile, pero en realidad estaba sustentada en la oposición de las clases privilegiadas a las reformas económicas del gobierno de la Unidad Popular, y sobre todo al miedo que les generaba que dicha fuerza pudiera triunfar en las elecciones de 1976 nuevamente, y avanzar más hacia el “socialismo por la via democrática”. 
Pasados los primeros momentos de conmoción y consolidación de los militares, las riendas de la política económica se entregaron a los representantes de las grandes empresas, los bancos y el capital extranjero. Se impuso una economía de libre mercado; esto es el liberalismo económico. El papel rector del Estado debe disminuirse al mínimo.

Algunas empresas nacionalizadas no se devolvieron de inmediato, sino que se pagaron indemnizaciones fantásticas. A las empresas del cobre, por ejemplo las norteamericanas Kennecott y Anaconda, se les pagaron casi 400 millones de dólares. Con el tiempo aparecería la idea de privatizarlas.

El Área de Propiedad Social se vendió a las grandes empresas a precios sumamente convenientes, incluyendo otras empresas que eran estatales desde hacía décadas. La banca se privatizó de inmediato, la mayoría de las acciones fueron a manos de grandes bancos extranjeros, y otros bancos también extranjeros se instalaron en un país que ofrecía grandes posibilidades de lucro financiero.

El agro también volvió atrás. Se devolvieron tierras a los propietarios, y las cooperativas se fragmentaron en parcelas individuales.

¿El resultado? una enorme concentración y la consiguiente eliminación de medianas y pequeñas empresas; la desocupación subió del 5 al 20% en un año, y luego, al 30%. En el mismo período la participación de los salarios en el Producto Bruto Interno bajó del 60 al 38%.

Si bien en los primeros años del régimen militar la macroeconomía empieza a ser calificada como el "milagro chileno", con tasas de inflación del 10% anual y un crecimiento del PBI en torno al 7% por año, a principios de la década de 1980 se evidencia las consecuencias del "libre mercado". Chile se había transformado en uno de los países más endeudados del mundo: 17.000.000.000 de dólares, con la deuda por habitante más alta de Latinoamérica. Entre 1980 y 1983 quebraron 1.300 empresas, el PBI de 1983 descendió un 14%. El desempleo se mantuvo en torno al 25%, mientras que el promedio del estándar de vida cayó en un 20%.

Esta situación llevó a que sobre el final de la dictadura, en 1990,  más del 40% de la población estuviera bajo la línea de pobreza, y un parte sustancial en la indigencia. Al mismo tiempo las ganancias de las grandes empresas habían crecido de manera continua, calculándose que sus ganancias ascendieron a decenas de miles de millones de dólares.

Preguntas.

  1. ¿Qué se proponía hacer la Unidad Popular  desde el gobierno?
  2. ¿Qué posición adoptaron los sectores poderosos?
  3. ¿Qué papel jugó EEUU?
  4. ¿Qué consecuencias tuvo la dictadura para el pueblo chileno?
  5. ¿Quien será el personaje de la caricatura del principio que dice "... y bueno, ninguna democracia es perfecta"?, ¿qué quiere decir esa frase?


[1] La Constitución chilena disponía que si ningún candidato obtenía la mayoría absoluta de los votos el Congreso debía elegir entre los dos más votados. El secuestro de Schneider tenía como objetivo presionar a la Democracia Cristina, partido que salió tercero en las elecciones, para que no votara por Allende. Ya que por tradición el Congreso elegía al más votado. Finalmente, después de las negociaciones con la Democracia Cristiana donde ésta logró que se estableciera un estatuto de garantías constitucionales, el Congreso confirmó el triunfo de Allende el 24 de octubre, con 153 votos a favor, 35 votos para Alessandri y 7 votos en blanco.

[2]  Las mismas Fuerzas Armadas que habían sido caracterizadas por Allende cuando asumió el gobierno como de larga "tradición constitucionalista", por lo que nunca quebrarían el orden constitucional.